Unauto VTC advierte a CCAA y Ayuntamientos que si restringen las VTC tendrán que asumir indemnizaciones por 4.000 millones de euros

Unauto VTC, la asociación que agrupa al 90% del sector en España, pide prudencia a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos y les reclama que no adopten medidas restrictivas hasta que se resuelvan las dudas de constitucionalidad y adecuación al derecho de la competencia respecto al Real Decreto Ley 13/2018, porque si lo hacen, y los titulares de las autorizaciones de VTC ven restringidos sus derechos o se les causan lesiones en los mismos, les exigirán las compensaciones económicas oportunas, que ascienden a 4.000 millones de euros, según EY.

“La nueva normativa aprobada sobre las VTC por el Gobierno central establece que si una región introduce restricciones sobre las VTC deberá asumir las indemnizaciones correspondientes al sector. De este modo, además de limitar las opciones de movilidad en las ciudades y poner en riesgo miles de empleos, el ciudadano será una vez más el gran perjudicado porque al final será él el que asuma el coste de seguir protegiendo el monopolio del sector del taxi a través de sus impuestos”, destaca Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC.

La asociación recuerda que el hecho de que el propio Real Decreto establezca un plazo transitorio de cuatro años evidencia que no concurre en una causa de “extraordinaria y urgente necesidad”, y establece que no es imperativo que las administraciones públicas autonómicas y locales adopten inmediatamente medidas, sino que éstas cuentan con un margen prudencial de espera.

Tal y como señala un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, sobre el Real Decreto aprobado el pasado 28 de septiembre, pesan numerosas dudas sobre su constitucionalidad, porque priva a los titulares de autorizaciones VTC de derechos consolidados y adquiridos, y plantea una medida expropiatoria singular que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y no está justificado desde el punto de vista de los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad, ni con los principios de la libre competencia y la libre prestación de servicios.

Del mismo modo, el informe de Muñoz Machado reitera que la Declaración Conjunta del Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia del pasado mes de octubre recuerda a las administraciones públicas autonómicas y locales que todas las medidas que adopten deben respetar los principios fundamentales de buena regulación: necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

Desde Unauto VTC pedimos que las autoridades no cedan a la presión creciente del sector del taxi y piensen en el ciudadano y sus necesidades de movilidad y en los miles de profesionales que han encontrado en las VTC un medio de vida.

2018-12-18T17:32:40+00:00