El ‘decretazo’ de Ábalos

Hoy es fácil que cualquier gobernante que quiera regular las nuevas tecnologías acabe como toro en cacharrería. Veamos el caso del canon digital. Ideado como compensación a los creadores por copia privada, el canon penalizó con 20 céntimos de euros la venta de cada DVD. ¿Quién quema hoy películas en DVD cuando el streaming triunfa? ¿Por qué paga este canon una tableta o un smartphone que se baja películas o libros en tiempo real de un servicio de pago?

Hablamos de una legislación establecida en 2012, cuestionada por la Justicia en 2016 y replanteada en 2017. Hoy ya está obsoleta en muchos aspectos.

El decretazo del ministro de Fomento José Luis Ábalos para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que se anuncia para el viernes 28, tiene todas las papeletas para transformarse en una historia parecida.

Hay tres puntos en común. Primero, el deseo de quitarse de encima el problema. El canon original lo hizo imputando su coste a los Presupuestos, que no se manifiestan en La Castellana; Ábalos planea transferir una decisión impopular a ayuntamientos o comunidades autónomas. Segundo, la Justicia también humillará a las autoridades como hizo en su momento con el canon. Ya lo ha advertido el jurista Santiago Muñoz Machado quien afirma que la imposición de una segunda licencia sería contraria al orden jurídico y al ser revocatoria podría generar indemnizaciones. Y, en tercer lugar, así como el canon se ha desnaturalizado en pocos años, el decretazo de Ábalos no solucionará la cuestión clave que es el futuro de la movilidad.

El ministro tampoco ha querido romperse la cabeza entrando al fondo del asunto. Aunque ha recibido a los taxistas, no se ha entrevistado con los dueños de VTC -sí lo ha hecho el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura-, y menos con la parte tecnológica del asunto que encarnan la empresa española Cabify y la estadounidense Uber.

Se ha perdido así el ministro la ocasión de aprender cómo el problema de la movilidad está siendo abordado en otros países, donde abundan soluciones basadas en el mestizaje. El caso de Brasil, por ejemplo, es emblemático. Aunque ahí no existen taxis con licencia que presten el servicio en régimen de monopolio, sí se dio una confrontación entre taxistas, flotas privadas y servicios como Cabify. El asunto lo zanjó Sao Paulo, la urbe más dinámica del país.

Todos los servicios (taxis, flotas privadas y plataformas tecnológicas) conviven bajo una misma reglamentación. No existe límite al número de vehículos. La oferta se adapta a la demanda (más vehículos prestando servicio por las mañanas o los fines de semana). Sí existe una limitación del número de kilómetros que se pueden recorrer. Cada operador paga una tasa a la autoridad reguladora por kilómetro recorrido (que se repercute al cliente). Esa tasa variaba originalmente en función de si el servicio se prestaba en hora punta o no.

Como no se sabía cómo evolucionaría el sector, los legisladores redactaron una norma básica y en los meses siguientes le fueron añadiendo anexos: política de precios, seguridad, diferenciación, protección de datos, etc. Por ejemplo, hoy las tasas son moduladas por distintos factores: políticas de igualdad de género, seguridad… Las tasas se aplican no sólo a taxis y VTC, sino al sistema de car-sharing, las bicicletas… El taxi obtiene fuertes compensaciones por la vía de la diferenciación (vías rápidas, coger personas en la calle). El resultado ha sido una expansión del negocio que ha beneficiado a todos los actores que inciden en la movilidad. La vía del decretazo de Ábalos es trazo grueso cuando hoy lo que se necesita es un rotulador de 0,4 mm.

Fuente: elmundo

2018-09-25T13:57:07+00:00