La promesa de Fomento para calmar a los taxistas no tiene recorrido legal

El Decreto Ley, la vía exigida por los taxistas y prometida por el Gobierno para resolver su conflicto con Uber y Cabify no tiene recorrido legal, según el catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense Santiago Muñoz Machado, una de las mayores autoridades en esta materia y consulta casi obligada en materia de competencias autonómicas. «No es procedente, por imperativo constitucional, la utilización del decreto-ley», concluye Muñoz Machado, en un informe sobre el conflicto de los taxis fechado el 30 de julio y presentado ayer al secretario de Estado Infraestructuras, Pedro Saura, por los representantes de las VTC.

El obstáculo jurídico al plan del Gobierno no es otro que la propia Constitución, según el informe. Las competencias en materia de licencias VTC no figuran en los Estatutos de Autonomía y, por tanto, su activación no depende de que hagan propuestas en este sentido las comisiones sectoriales y bilaterales de transferencias. «Será precisa una ley orgánica, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución para llevar a cabo dichas transferencias». Lo anterior exigiría la conformidad de las comunidades autónomas a las que se enncomienden tales atribuciones, indica Muñoz Machado.

«Y en ese caso se requeriría tramitarlo por el Congreso con mayoría absoluta», completa desde la Universidad Oberta de Catalunya el profesor de derecho administrativo Marc Torres. A día de hoy, el apoyo autonómico a las transferencias es escaso y en el Congreso, sólo Podemos apoya expresamente la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además de señalar que por el camino acordado con el Gobierno los taxistas difícilmente verán transferidas las competencias de Fomento a los ayuntamientos, Muñoz Machado subraya la jurisprudencia que avala la legalidad de las licencias VTC a partir de la sentencia del Tribunal Supremo el 13 de noviembre de 2017. El experto asume que la relación 1/30 no se cumple actualmente pero rechaza que se haya infringido la legalidad y advierte que la doble licencia que se plantea como solución vulneraría leyes básicas de nuestro ordenamiento como la de Garantía de Unidad de Mercado de 2013 o la directiva de servicios de 2006.

En opinión de Muñoz Machado la salida al conflicto pasa por estabilizar la regulación del taxi con base en los criterios del Supremo aceptando las restricciones de la proporción 1/30 para las VTC y asumiendo la existencia de “dos regímenes jurídicos distintos competibles y viables”.

Las Comunidades Autónomas se rebelan

El Gobierno pone este miércoles a prueba su plan para resolver el conflicto de los taxis contra sus competidores por la vía rápida. El problema es que traducir el proyecto a la realidad puede cambiar el compromiso adquirido con los taxistas. Les prometió trasladar las competencias a las autonomías, pero éstas no parecen estar muy dispuestas a aceptar el “problema”. “es echar balones fuera”, advierte Madrid. Y no es la única.

Las comunidades autónomas convocadas esta tarde por el Ministerio de Fomento a una reunión informativa en la que resolver a través de una transferencia urgente de competencias el conflicto desatado por los taxistas ha generado el rechazo de los ejecutivos regionales. Algunos territorios parecen más dispuestos que otros, pero la tónica general es que no puede existir un compromiso en estas circunstancias.

Ayer, en el segundo día de paros celebrados a nivel nacional y en vísperas de conocer más detalles, buena parte de los responsables autonómicos pidieron al Ministerio de Fomento que asuma su papel de regulador y resuelva el conflicto antes de traspasar competencias a otras administraciones.

Andalucía

El Gobierno andaluz recuerda que siempre ha mantenido un criterio «razonable»: una licencia de vehículos con conductor (VTC) por cada 30 taxis. «Estamos por el diálogo, tenemos que dar todo nuestro apoyo al Gobierno central para que logre la mejor solución en un conflicto que también perjudica a los consumidores y, por tanto, a los ciudadanos», agregó Blanco, que subrayó que la competencia es del Estado, que debe buscar una solución «que sea razonable para todos y que establezca unas reglas del juego para todos».

Madrid

El presidente madrileño, Ángel Garrido, instó abiertamente al Gobierno a que busque soluciones al conflicto del taxi y las VTC, en vez de intentar «echar balones fuera» y trasladar el problema a las comunidades o ayuntamientos «cuando saben que eso no es procedente». Garrido admitió que el Gobierno tiene un problema «muy grande» sobre la mesa, pero criticó que se descargue el problema sobre los responsables regionales y locales. «Tiene que haber una normativa nacional, este es un asunto de alcance nacional», apuntó. Mientras, el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena solicitó que Fomento «cierre» su compromiso para que los VTC dependan de una segunda licencia urbana.

País Vasco

Euskadi manda a la reunión a una directora y asume encantada esta transferencia normativa porque la capacidad para otorgar las licencias recae en las diputaciones. Desde enero está constituida una Mesa del Taxi desde la que se trabaja por una reglamentación propia. En el País Vasco hay 2.121 taxis y 83 autorizaciones de VTC lo que da un ratio de una por cada 26 taxis. Hay varias peticiones cursadas así es probable que ese porcentaje baje todavía más, hasta una licencia VTC por cada 25/24 taxis.

Galicia

La Xunta no rechaza la idea de asumir las competencias, pero pospone todo a que el Ministerio de Fomento apruebe previamente un «marco regulatorio equilibrado y claro». «Podemos hablar y abordar transferir competencias, pero lo que no podemos abordar es transferir problemas», señaló ayer la consejera de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta, Ethel Vázquez, que antes de acudir a la reunión con Fomento, se reunirá con el sector del taxi en Galicia.

Cataluña

El Govern está a favor de un traspaso de competencias a dos velocidades: a fondo para los que como la Generalitat sí quieren; una segunda con mayor influencia de los ayuntamientos donde los gobiernos regionales no lo quieren. La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, culpó ayer de la huelga del taxi al Gobierno, por no haber «hecho nada» en los últimos años para evitar el actual problema con las VTC, y exigió a Fomento que adopte «medidas concretas». Con Barcelona como inició del conflicto que se ha extendido al resto de España, Artadi criticó la «imprecisión» sobre la solución que pretende aportar el Ministerio. La consejera condenó asimismo los actos violentos de algunos taxistas en estos últimos días de protesta.

Comunidad Valenciana

Por segundo día consecutivo decenas de taxistas cortaron la principal arteria comercial del centro de Valencia. Ataviados con sillas plegables y en torno a una mesa donde un hombre cortaba jamón mientras los niños correteaban entre risas, los concentrados esperaban el resultado de las negociaciones. El presidente Ximo Puig reclamó que se «aceleren» las negociaciones para poner fin al paro y afirmó que la solución «no es la transferencia a las comunidades autónomas» de las licencias a empresas VTC, sino «un acuerdo estable que dé respuesta a la esencia del conflicto que está planteado entre dos operadores: los taxis y los VTC». Puig pidió al Gobierno que se intenten acercar posiciones lo más rápidamente posible porque se está generando un problema para la ciudadanía». Mientras la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, indicó que hay que «buscar una solución para reencontrar ese equilibrio de 30 licencias de taxi por una de VTC», dado que «ahora estamos sobredimensionados en todo el territorio».

2018-09-06T09:45:15+00:00